¿Qué factores se evalúan para el cierre de contrato con Azteca?

Devolver al Estado una red de fibra óptica no es como devolver una carretera. Se necesita evaluar al milímetro el estado de la misma y para eso se hacen evaluaciones técnicas. La complejidad se eleva por detalles legales incluidos en el contrato. Es un tema que requiere análisis y cabeza fría tanto de ingenieros como de abogados.

Penalidades, observaciones mayores y menores al estado de las obras y costos ocultos del paso del tiempo en las redes. Esos son solo algunos de los temas sobre los que existieron discrepancias entre Azteca y el Estado peruano al momento de diseñar la adenda para cerrar el contrato. Si se revisa el informe del MTC se encuentran muchos puntos con aspectos técnicos en discusión.

Al igual que en los divorcios, las partes interesadas en romper la relación exponen sus razones y defienden sus posturas hasta llegar finalmente a un acuerdo en la división de bienes. En este caso el Estado recibe un bien – la Red Dorsal – y está en la obligación de evaluar el estado y valor de la misma.

Azteca decidió irse. MTC coincidió en que Azteca debe irse porque necesita un nuevo operador con un nuevo contrato para poder sacar provecho a la fibra tendida. Suena sencillo, pero no. Las redes se deprecian con el paso del tiempo y es necesario verificar el estado de la fibra, las centrales y los equipos eléctricos.

Según la carta remitida por Azteca al Gobierno peruano, durante dos años se han negociado las condiciones de la salida y fruto de ese diálogo fue su propuesta en diciembre del año pasado. El Gobierno ha diseñado su propia propuesta de salida porque, tal como consta en el informe, habían aspectos que nos perjudicaban que era importante corregir.

El tiempo para realizar las entregas varía. No se puede hacer de un día a otro, por la complejidad misma de las red y los equipos utilizados. El anexo 17 de la propuesta peruana incluye 120 días (cuatro meses) para verificar la operatividad de la red. La propuesta de Azteca incluía 11 meses para culminar las entregas. Mientras dure ese proceso de verificación hasta el acta de entrega final, el Estado sigue pagando el mantenimiento.

En lo que va del año, ya se han pagado por mantenimiento alrededor de US$12 millones y desde el 2017 se calcula que la cifra supera los US$65 millones. Solo en mantenimiento. La construcción de la obra fue valorada por al menos US$320 millones.

Lo grave es que, según el plan de retorno de inversión, a estas alturas la Red Dorsal ya debería subsistir con sus propios ingresos privados y no con un subsidio estatal. Pero como está subutilizada (10% según el BM), el Estado está cubriendo un gasto que no tenía previsto. Y mientras no terminen de solucionar la forma en que se ejecuta el “divorcio” seguiremos pagando al operador por el mantenimiento. Solucionarlo es algo urgente para el nuevo MTC.

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